FEPC: el fondo que amortigua el precio de la gasolina y acumula deuda

En Colombia el precio de la gasolina y del diesel no lo fija el mercado. Lo fija el Ministerio de Minas y Energía mediante resolución, con una estructura de precios que suma ingreso al productor, transporte, márgenes de distribución, impuestos y la sobretasa que va a los municipios.

Entre ese precio administrado y el precio internacional se interpone el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado en 2007.

Cómo opera

El fondo funciona en dos sentidos. Cuando el precio internacional de referencia está por encima del precio interno reconocido al productor, el fondo le paga a Ecopetrol la diferencia. Cuando está por debajo, ocurre lo contrario y el fondo recibe.

En la práctica ha operado casi siempre en un solo sentido. El precio interno se ha mantenido por debajo del de paridad durante periodos largos, y la diferencia se acumula como una cuenta por pagar del Gobierno.

Por qué es un problema fiscal

Esa cuenta no aparece como subsidio en el presupuesto del año en que se causa. Se acumula y se paga después, lo que la convierte en un pasivo diferido que crece cuando el crudo sube y el peso se devalúa, es decir, justo cuando las finanzas públicas ya están tensionadas.

El episodio más costoso fue el de 2022. Con precios internacionales elevados tras la invasión rusa a Ucrania y un peso débil, el saldo acumulado alcanzó una magnitud sin precedentes, del orden de varios puntos porcentuales del PIB en su medición más amplia.

El ajuste

Desde finales de 2022 el Gobierno empezó a subir el precio de la gasolina corriente en incrementos mensuales, con el objetivo declarado de cerrar la brecha frente al precio de paridad. El proceso se extendió durante cerca de dos años.

El diesel quedó rezagado en ese ajuste. La razón fue de economía política: el ACPM mueve el transporte de carga y de pasajeros, y su encarecimiento se traslada a fletes, a tarifas y al precio de los alimentos.

La discusión de fondo

Un subsidio generalizado al combustible beneficia más, en pesos, a quien más combustible consume. Los estudios de incidencia distributiva de este tipo de esquemas suelen encontrar que el beneficio se concentra en los hogares de mayores ingresos, que son los que tienen vehículo.

El argumento en contra es igual de concreto: el precio de los combustibles se traslada rápido a la inflación y al costo del transporte en un país donde la mayoría de la carga se mueve por carretera.

Ninguna de las dos consideraciones se resuelve con una fórmula. Por eso el fondo lleva casi dos décadas funcionando como válvula entre un precio internacional volátil y una decisión política que ningún gobierno quiere tomar de golpe.